No se trata aquí el acto político o de gobierno diferenciado del acto administrativo o de la administración, sino la acción política en su acepción más amplia, es decir, la acción que se realiza en el ejercicio de alguna potestad.
La acción política siempre es hostil, incluso cuando actúa en beneficio de la comunidad. En la acción política siempre existe un componente de coercitividad. El estado en su análisis final es violencia organizada[1].
Incluso la regla de la mayoría es una regla hostil para la minoría. La regla de la mayoría implica siempre la existencia de unos vencedores y de unos perdedores. La regla de la mayoría es un juego en el que se logran objetivos mediante la eliminación del adversario. Quien vence en el juego lo gana todo y quien pierde, lo pierde todo. Rige la voluntad del vencedor quedando anulada la del perdedor.
Cuando se trata de bienes privados no ofrece ninguna duda: los integrantes de la mayoría se adueñan del poder de disposición sobre los bienes de quienes integran el grupo minoritario.
Cuando hablamos de bienes puestos en común de forma voluntaria, el perdedor no puede decidir sobre su parte alícuota y si se trata de impuestos, sólo una minoría impone su fuerza haciendo uso del poder político para proceder a la exacción de bienes de la mayoría y asignarlos a fines elegidos también por esa minoría política, con lo cual es la minoría política quien decide por la mayoría imponiéndole el consumo de bienes y servicios de titularidad o financiación pública.
Cuando se ponen bienes en común de forma libre, no será hostil la acción si previamente todos han acordado unánimemente las contribuciones y los fines para los que se va a destinar el fondo común o cuando libremente decidimos colaborar en la consecución de un proyecto ofertado por otra persona o grupo de personas. En estos casos no rige la regla de la mayoría, sino la unanimidad de la aceptación contractual. En estos casos nadie es forzado a colaborar.[2]
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